Publicado en Oroinformación, 30 de abril de 2019
Aún hoy
en día es común en los libros de Historia Económica, Historia en general o
simple Numismática a nivel mundial, y tristemente en el área iberoamericana, la
visión, utilizada como paradigma del mal gobierno, de una España depredadora,
que extraía pingues ingresos de un territorio de abundantes recursos naturales
y poblaciones indígenas: un Imperio represor de los deseos de sus “colonias” de
autonomía política y económica, derrochador, absolutista y centralista.
El
análisis de la economía política española en los Reinos de las Indias realizado
por las historiadoras Regina Grafe y Alejandra Irigoin muestra un panorama muy distinto, en
base al estudio de la documentación fiscal, posiblemente una de las más
fidedignas, procedente de numerosas Cajas Reales. En base a los mismos,
concluyen que la economía política española era muy poco centralizada, y la extracción de moneda hacia la Península era muy limitada.
A sensu contrario, fueron la iniciativa local, la negociación con los
particulares para la captación de los recursos necesarios y el control de los
flujos económicos los que determinaron la estructura de los gastos, y niegan la afirmación aún en día predominante en los libros de
Historia de que los gobernantes maximizaron con su política fiscal la obtención
de ingresos.
Para
estas autoras, la estructura de la administración fiscal española durante tres
siglos intentó maximizar el engrandecimiento y la fidelización de los distintos
reinos del Imperio en lugar de buscar la obtención del mayor número de ingresos
posibles. Para ello fue necesaria la cooperación con las élites locales,
manteniendo la mayoría de los ingresos obtenidos en las propias Indias y
permitiendo a los comerciantes locales la participación en su recaudación y en
el destino de los gastos. Los principales sectores locales recibieron
subvenciones directas, y los comerciantes se
beneficiaron de los intereses cobrados por los préstamos a la Corona.
Con ello se consiguió el mantenimiento del Imperio y su defensa durante tres
centurias sin desembolsos procedentes de la Península.
Este
sistema habría sido perfectamente compatible con un sustancial crecimiento
económico que se produjo en el siglo XVIII, y según estas investigadoras estaba
inherentemente orientado a subvencionar los sectores económicos más exitosos.
Según las mismas, vista desde el estudio de su sistema fiscal, hay muy pocas pruebas de coerción o de que fuese un Estado
predatorio. Fue, por tanto, una forma barata de dirigir un enorme
Imperio de forma muy eficiente, en el que prácticamente no hubo tensiones
internas. A diferencia del Imperio Británico, en el que los particulares podían
beneficiarse de las actividades del gobierno comprando bonos y acciones, el dominio español se basó en el pacto entre las partes
interesadas y la cooperación entre los ámbitos público y privado, que
aumentaron la participación local tanto en los gastos como en los ingresos.
Su
estudio muestra la enorme expansión del gasto público durante el siglo XVIII,
desde la cifra de 10 millones de pesos en la década de 1730, más de 40 millones
a finales de la década de los 80 y a 70 millones a finales de la década de los
90. En este periodo netamente expansivo del gasto, su estudio muestra una
marcada tendencia a la baja de las remesas efectivamente enviadas a la
Península, que se redujeron en un promedio de alrededor de un 12% en el primer
quinquenio, en un 5% en el segundo periodo y cerca de un 4% en el último. Con
ello, aunque las cantidades totales remitidas desde los Reinos de las Indias
sin duda aumentaron, supusieron una parte modesta del gasto total a principios
del siglo XVIII y residual a finales del mismo. Por ello, como afirman
expresamente, lo que es más que obvio es que el imperio español no fue una
maquinaria extractiva orientada a la saca de recursos americanos hacia la
metrópoli, incluso en momentos de máxima tensión fiscal, durante las
guerras que se libraron en Europa.
La
mayor parte de la redistribución de los ingresos obtenidos se realizó entre las
distintas Cajas Reales, en un sistema muy descentralizado que se potenció en el
transcurso del siglo XVIII. Tanto las Cajas grandes como las pequeñas podrían
ser beneficiarias netas o pagadoras en un periodo, o meras intermediarias, y
los flujos podían variar de un año a otro. Los mayores beneficiarios del
sistema eran los grandes puertos comerciales, como Veracruz, Buenos Aires, La
Habana y Cartagena de Indias, y Montevideo o Valparaíso en menor medida. En
cuanto a su destino, los pagos de intereses por deudas nunca supusieron más del
7% del gasto total, mientras que los gastos civiles y los pagos de salarios
representaron casi la mitad del monto total. En circunstancias excepcionales, los comerciantes suministraban al Estado grandes cantidades de
fondos para hacer frente a gastos administrativos o militares.
Durante
el siglo XVIII se produjo una expansión de las Cajas Reales desde las 35 en la
década de 1730 a más de 70 a finales de la centuria, reflejo de la expansión
territorial hacia sus límites en el Cono Sur y las regiones del norte de Nueva
España, así como regiones interiores menos desarrolladas. La misma fue, como
toda la presencia española en Ultramar, autofinanciada. Las circunscripciones
existentes organizaron y financiaron la expansión del Estado a nuevas áreas.
Por lo tanto, según las autoras, si el engrandecimiento del Imperio era el
principal objetivo de la Corona española, fue sorprendentemente exitoso, casi
sin costo directo para sí mismo. Por todo ello, el estudio del sistema fiscal
español en los Reinos de las Indias realizado por estas investigadoras desafía
la tristemente aún tan extendida caricatura absolutista del Imperio español.
En
un sistema basado en la igualdad, al menos teórica, de todos los reinos de la
Corona, todos debían contribuir en función de sus posibilidades a su
mantenimiento. La Monarquía Hispánica fue la unión monetaria y
fiscal más grande conocida por la Historia, y otros imperios que le sucedieron,
como el británico o el francés, no fueron capaces hasta muy entrado el siglo
XIX, y en algunos territorios no llegaron ni siquiera a conseguirlo, de dotar a
sus colonias de un numerario uniforme. Ni mucho menos de llegar a unificar los
territorios jurídicamente, con unos sistemas basados por un lado en colonias de
poblamiento blanco, y por otro en colonias de explotación sistemática en los
gobernaron tiránicamente hasta bien entrado el siglo XX.
Para saber más:
GRAFE, R., e IRIGOIN, A., “The
political economy of Spanish imperial rule revisited”, www.um.es, version 2, 14
Apr. 08, 31 pp.
IRIGOIN,
A., “Las raíces monetarias de la fragmentación política de la América Española
en el siglo XIX”, Historia Mexicana, vol. LIX, núm. 3, enero-marzo, 2010, pp.
919-979.
