El contrabando de metales preciosos, oro y plata, en la América española

Publicado en OroInformación, 12 de enero de 2018

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En este nuevo artículo de la serie que Oroinformación dedica a los metales preciosos en la América Hispana, abordamos la cuestión del contrabando. Una actividad que, según autores como E. J. Hamilton, suponía que entre el 10 y el 50% de los metales preciosos que llegaba a los puertos europeos escapaba al control de las autoridades.

La visión positiva de Hamilton sobre el control del contrabando de metales preciosos desde la América Hispana (que estimaba que los caudales entrados fraudulentamente podían representar entre un 10 y un 50% del total, estando dicho porcentaje más próximo a la cifra más baja), no es compartida por muchos autores posteriores, como Chaunu. Morineau, utilizando como documentación las Gacetas Holandesas, que registraban las cantidades recibidas tanto por el tráfico legal como por el ilegal, llegó a la conclusión de que es en aquellos años en los que se habían registrado menos arribadas de plata en los que se encuentran mayores aumentos en las llegadas del metal argénteo fuera del control oficial a los puertos europeos.

El contrabando de oro y plata no era solamente llevado a cabo por nacionales de otros países. Era frecuente que barcos españoles tocaran puerto en Jamaica o en las islas francesas violando las leyes de estos países. No fue infrecuente tampoco que los contrabandistas y los comerciantes entregasen regalos y grandes cantidades de dinero a las autoridades locales para que no interviniesen en sus negocios. Así, Malamud recoge que los capitanes del navío de permiso inglés Bedford pagaron en Cartagena 75.000 pesos, y que el gobernador de Buenos Aires recibía el 25% de las ganancias de la Compañía del Mar del Sur.

También se intentó llevar a cabo un férreo control para evitar el contrabando en la Carrera de Indias, que llevaba aparejado desde un primer momento penas de confiscación y que posteriormente se fueron ampliando a suspensión del cargo para los oficiales públicos, exilio perpetuo de las Indias y pérdida de privilegios para las personas de posición elevada, y a condenas a galeras que llegaban hasta los diez años para personas de inferior rango. Se establecían además pingues recompensas para los denunciantes de esta práctica, y una vez a bordo se controlaba que los barcos no fuesen abordados en el mar por otros o que no se enviasen chalupas de auxilio sin que en las mismas estuviese una persona de confianza.

El control que redoblaba cuanto más cerca se estaba del puerto de destino, Sevilla o, posteriormente, Cádiz. Una vez en Sanlúcar de Barrameda, el capitán de la Flota notificaba a la Casa de Contratación y al Consejo de Indias los extremos del viaje, y no se permitía a nadie desembarcar hasta que el buque no hubiese sido inspeccionado exhaustivamente por los funcionarios de la Casa de Contratación, con toma de declaración a todos los pasajeros y marineros y apertura de los equipajes.

Cipolla afirmaba que en la década de los años 60 del siglo XVI el contrabando de oro y plata se convirtió en una práctica cada vez más habitual. Cita entre otros el caso de una de las naves de la flota que naufragó cerca de Cádiz en 1555, y que cuando se recuperó la carga se descubrió que en lugar de los 150.000 reales de plata declarados transportaba exactamente el doble. Recoge asimismo que en 1626 la Casa de Contratación estimaba en dos millones y medio de reales las importaciones de plata no declarada en ese año, y en un millón y medio las del siguiente.

Este autor citaba asimismo una Cédula de 1648 que calculaba que solamente de Perú y de Chile llegaban a Sevilla medio millón de ducados al año no registrados, y otra Real Cédula de 18 de marzo de 1634 que denunciaba que esta práctica había llegado a límites insospechados. Finalmente, este autor recoge que en 1660 las autoridades decidieron abolir la obligación del registro “…que por aquel entonces muy pocos practicaban ya”.

Las leyes no siempre fueron aplicadas en su máximo rigor, prometiéndose en varias ocasiones el indulto a quienes confesasen voluntariamente cantidades importantes de metales preciosos y satisficieran la avería. Felipe III, ante el hecho constatado de que estos indultos suponían un aumento del contrabando, estableció en 1618 que los mismos no volverían a ser otorgados.

A pesar de ello, se volvió a recurrir a esta práctica, y muy especialmente en los últimos años del reinado de su hijo Felipe IV, a la vista de la alarmante disminución de los ingresos y de las importaciones registradas legalmente. Si bien en 1661 las Aduanas pasaron a administrarse por cuenta de la Real Hacienda y se rebajaron algunos derechos a resulta de las quejas de los comerciantes, en 1663 se dieron en arriendo a un tal Eminente, que fue condenado y preso por no cumplimentar el contrato, si bien volvió a arrendarlas en tiempos de Carlos II hasta 1717.

Mainar le definía como aventurero y desmoralizado, y que con el fin de cortar el contrabando e incrementar sus ganancias les concedió gracias y mercedes, admitiendo el 4, el 6 o el 7% que gastaban con los metedores o contrabandistas en vez de cobrar los derechos. Si bien los indultos se cobraban normalmente en los puertos andaluces, a principios del siglo XVIII se llegó a cobrar en Francia a los veleros de esta nacionalidad que regresaban de las Indias españolas.

En las posesiones antillanas de otros Estados europeos se producía salida de moneda hacia sus respectivas metrópolis. Muy importante fue el papel de la parte francesa de Santo Domingo, donde Vilar cita los casos de Guizot y Millot, dos comerciantes de la isla que remitían reales de a ocho a Marsella, de donde se remitían a un banquero parisiense que inscribía su valor en la cuenta de una compañía establecida en Cádiz, que probablemente había remitido mercancías por igual valor a Inglaterra. En el caso holandés, el comercio ilícito se realizaba en la isla de Curazao.

Entre 1695 y 1726 un total de 181 barcos salieron de Francia con destino al Mar del Sur. Según los estudios llevados a cabo por Malamud, los retornos de estos viajes entre 1701 y 1725 supusieron un total de 47.000.000 de pesos, que comparado con los 27.767.287 pesos trasladados por los galeones de Tierra Firme en el mismo periodo, supondría que al menos un 65% del comercio exterior peruano habría sido realizado por los franceses.

Vilar hace referencia a llegadas de barcos españoles a las costas francesas y al intercambio en estos puertos atlánticos, especialmente en la Bretaña, de mercancías por reales de a ocho. Este comercio se hacía en muchas ocasiones de forma ilegal, sin pagar derechos y realizando las cargas y descargas en playas desiertas. De su volumen da constancia el hecho de que en 1775 cinco empleados de la Hacienda española se trasladasen al puerto de Beaucaire, lo que detuvo la feria durante dos días, en los que clandestinamente se realizaron operaciones por valor de 40.000 pesos, y cuando los inspectores se marcharon el volumen se incrementó a 100.000 pesos en sólo media jornada.

En el activo contrabando inglés participaban sus grandes compañías, siendo la del Mar del Sur la que operaba en las Indias. Sus tres centros operativos se encontraban en Jamaica, Barbados y el puerto de Buenos Aires. El gobierno español estimaba que en 1728 esta compañía controlaba una tercera parte del contrabando introducido en sus Indias, y un informe ordenado por Carlos III en 1759 estimaba que los beneficios obtenidos por los ingleses eran de unos seis millones de pesos al año.

Para el envío de metales preciosos sin registrar se utilizaban asimismo los puertos canarios. En la primera mitad del siglo XVII se limitaba el tonelaje concedido a este comercio a setecientas toneladas. Pero el Consulado de Sevilla afirmaba en 1654 que había más de sesenta buques con base en las Islas Afortunadas que realizaban tratos con las Indias, y que algunos de ellos realizaban hasta dos viajes al año, trayendo de ellas principalmente plata, la mayor parte de ella sin quintar, es decir, sin aplicar el quinto real o impuesto de la quinta parte de la mercancía que iba dirigida a la Corona. Fue también el archipiélago uno de los centros neurálgicos del comercio holandés con Indias, al margen del monopolio sevillano.

Otra forma de traer fraudulentamente plata a Europa pasaba por el puerto de Buenos Aires, donde los comerciantes holandeses introducían mercancías con destino al Perú y se llevaban plata. Según Arzáns, citando los datos recopilados por Muñoz de Camargo y otros vecinos de Potosí, en 112 años este tráfico ilícito ascendió a 560 millones de pesos de plata sacada clandestinamente por Buenos Aires sin pagar los reales quintos. 

El centro de estas actividades estaba situado en Ámsterdam, y su protagonista, según Serrano Mangas, fueron la activa comunidad sefardí de esta ciudad, y las comunidades de cristianos nuevos de origen hebreo establecidas en el Nuevo Mundo, que prosperaron especialmente tras la unión de las coronas de 1580. Muchos de los barcos que realizaban este comercio de plata, normalmente sin quintar, procedían de las Canarias, aunque también había embarcaciones procedentes de los puertos vascos. En una contestación del Consulado de Sevilla de 1659, se estimaba que por esta vía se distraía anualmente la cantidad de un millón de ducados.

El comercio entre Cádiz y Ámsterdam en el siglo XVIII ha sido estudiado en profundidad por Ana Crespo. Si bien algunas naves neerlandesas cruzaron directamente el Atlántico, y relaciona cuatro ocasiones en las que se tocó el puerto de Tenerife, la inmensa mayoría de las transacciones se llevaban a cabo en Cádiz, con un uso cada vez más extendido de los navíos de registro, incluso antes de la extinción del sistema de flotas.

Para Humboldt, las cantidades que salían sin pagar el quinto, vía contrabando, eran menores de lo que algunos estimaban, y que alcanzaban entre la mitad y un tercio del producto total. En el virreinato de Nueva España, donde solamente estaban habilitados los puertos de Veracruz y Acapulco, estimaba que la cantidad de plata embarcada sin registrar hacia la Habana y Jamaica, en el primero de ellos, o a Filipinas y Cantón, en el segundo, no ascendía a más de 800.000 pesos.

No obstante lo anterior, recogía que dichas cantidades crecerían conforme los norteamericanos e ingleses visitasen las costas de Sonora y Guadalajara, y se fuesen acercando a las orillas del gran río del Norte. En cuanto al comercio con China y Japón, afirmaba que tras el esperado fin del monopolio fluiría, como de hecho así sucedió, gran cantidad de plata hacia Asia. En Japón la ratio de la plata y el oro estaba en proporción de 8 o 9 a 1, y en China de 12 o 13 a 1, mientras que en México era de 15 5/8 a 1.

Say, citando la obra de Humboldt, afirmaba que la proporción entre el valor del oro y el de la plata no era en ningún modo relativa a las cantidades de estos metales suministrada por las minas, y que en la práctica no era posible asignar un valor fijo a mercancías cuyo valor es realmente variable, por lo que se debía dejar que una onza de oro o de plata buscasen sus diferentes valores en los cambios en los que se tenía por conveniente usar estos metales.

Tras la declaración de libre navegación del río Atrato (actual Colombia) se había incrementado mucho el contrabando de oro. En vez de remitirse el oro en barras o en polvo a las cecas de Santa Fe y Popayán, parte del mismo se dirigía a Cartagena y Portobelo, y desde allí a las colonias inglesas. La adversa climatología había abierto los puertos españoles al comercio de harina de Filadelfia, lo que unido a la entrada de esclavos negros de África favorecían estas prácticas. Los llamados rescatadores, que realizaban el comercio de oro en polvo en Popayán, Buga, Cartagena y Mompox, sacarían de contrabando según sus cálculos unos 2.500 marcos de oro (en Castilla un marco equivalía a 230 gramos) del Chocó, Barbacoas, Antioquía y Popayán.

La mayor parte del comercio fraudulento de metales preciosos en el Perú se hacía hacia el este de los Andes, por la cuenca del Amazonas, en una cantidad de 100.000 marcos para todo el virreinato. En Chile, la proporción del oro que salía fraudulentamente era según sus cálculos de ¼ del total, si bien Ulloa había estimado la proporción del legal e ilegal de 3 a 2. Del virreinato del Río de la Plata saldría fraudulentamente 1/6 parte,  unos 67.000 marcos.

Bibliografía

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