La renta del papel sellado (II)

Publicado en Numismático Digital, 15 de julio de 2015

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En el siglo XVIII este tributo se generalizó para todos los territorios de la Monarquía, y rigió desde 1707 en Aragón y Valencia, desde 1714 en Cataluña y desde 1718 en Mallorca, quedando sólo eximido del mismo el Valle de Arán. Durante esta centuria y la siguiente se sucedieron importantes reformas normativas, hasta que en 1881 fue sustituido por el impuesto del Timbre, si bien su uso alcanzó las primeras décadas del siglo XX.

El Decreto de 5 de agosto de 1707, además de extender su uso a los territorios de la Corona de Aragón, aumentó el precio del papel sellado, como recoge la Ley VII del título 24, libro X de la Novísima Recopilación, mismo libro y título en el que se recogen las diferentes leyes dictadas en el siglo XVIII sobre este tributo. La Ley VIII, del mismo monarca y del año 1744, amplió los supuestos de obligatoriedad de uso del papel sellado a los libros de Registro de los Ayuntamientos, cofradías, gremios, direcciones y otros muchos, así como a los autos de los Tribunales eclesiásticos, y dobló su precio en relación al que tenía anteriormente.

Su hijo Fernando VI promulgó la Ley IX, de 1750, para cortar los abusos que se habían producido en la validación y resello del papel timbrado. Otras Reales Cédulas de Carlos IV de 23 de julio de 1794 y 20 de enero de 1795 siguieron el mismo criterio de aumento de los rendimientos del impuesto, estableciendo tipos más altos, con lo que el papel sellado llegó a valer hasta treinta y dos reales.

Ya en el siglo XIX, por Cédula de 12 de mayo de 1824 dada por Fernando VII, se clasificó el papel sellado a utilizar en siete tipos diferentes, creándose un nuevo sello conocido como de Ilustres, de sesenta reales el pliego, al que se le dio una gran aplicación por motivos recaudatorios. Algunas personalidades usaron papel sellado propio entre este año y la reforma de 1861 de forma especial, y cuando Cádiz se convirtió en puerto franco en 1829, utilizó su propio papel sellado, con la inscripción Puerto Franco de Cádiz.

Posteriormente se dictaron un gran número de Reales Órdenes aclaratorias que, a sensu contrario, llevaron a una gran confusión sobre la materia. La Ley de 26 de mayo de 1835 estableció la sujeción de los documentos de giro a esta renta del papel sellado, y el Decreto de 14 de abril de 1848 introdujo el papel de multas. Esta inseguridad llevó a la promulgación del Real Decreto de 8 de agosto y la Instrucción de 1 de octubre de 1851, obra de Juan Bravo Murillo, que clasificó los diferentes sellos, creando asimismo el papel de documentos de giro, de reintegro, de multas, de pólizas de bolsa y la sustitución de los derechos procesales por el timbre, reglamentando también el uso que de cada uno de ellos había de hacerse y los actos que se consideraban gravados, que se vieron aumentados a muchos otros que antes no lo estaban.

Una nueva reforma del impuesto se llevó a cabo por Pedro Salaverría por Real Decreto de 12 de septiembre de 1861 y la Instrucción de 10 de noviembre del mismo año, siendo el espíritu de la misma aumentar los ingresos, simplificar la normativa y lograr su proporcionalidad. En el mismo se establecieron nueve tipos diferentes de papel sellado, con un precio que iba desde los dos reales a los doscientos, así como otros para pobres, de veinticinco céntimos el pliego, y el llamado papel de oficio.

También se establecieron en este Real Decreto otros tipos de papel sellado y sus utilizaciones, que eran el de pagos al Estado y el judicial, así como sellos sueltos para las pólizas de Bolsa, libros de Comercio, recibos, documentos de giro y otras operaciones. Se prescribía también que, en el caso de los tipos graduales, solamente se utilizase en el primer pliego de las escrituras. Para el caso de defraudación, se establecía una pena del reintegro de la cantidad no satisfecha y de una multa pecuniaria del cuádruplo de su valor.

Nuevas reformas se produjeron por la Ley de Presupuestos de 26 de junio de 1869, que establecía la obligatoriedad del derecho del timbre sobre todos los documentos de transacciones mercantiles y otros muchos casos no contemplados anteriormente, así como cuáles de dichos derechos se satisfacían empleando papel sellado, timbres en seco o sellos sueltos. Por Decreto de 18 de diciembre de este mismo año se suprimió el papel de pobres, que se asimiló al de oficio.

Tras varias normas que modificaron las anteriores, encontramos la Ley de 31 de diciembre de 1881, de capital importancia en este tema, y a que en su artículo 1º establece que, a partir del día siguiente, comenzaba a regir el impuesto del Timbre en sustitución de la renta en papel sellado, que pasaba a considerarse como una especie de efecto timbrado. Esta nueva ley permitía satisfacer, utilizando el antiguo papel sellado, papel común en el que se estampaba el timbre o sello en seco, o adhiriendo uno o varios sellos, en concepto de póliza, al papel oficial impreso, este nuevo tributo.

Modificaciones posteriores fueron incluidas por la Ley 15 de septiembre de 1892, y sucesivamente por las leyes de 31 de agosto de 1896, 26 de marzo de 1900, 1 de enero de 1906 y 11 de febrero de 1919. Esta normativa fijó la existencia de seis tipos distintos de papel sellado. Los mismos eran los siguientes:

1. Papel timbrado común, de nueve clases diferentes, con un color distinto para cada una de ellas, y una numeración correlativa, formando series. Dicha numeración, que se comenzó a aplicar desde 1871, tuvo por objeto garantizar la autenticidad del documento, dado que por ella se podía saber el año de emisión en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el almacén de destino e incluso el día que se entregó al expendedor. Hasta 1903 se acompañaba también la fecha, pero dejó de usarse por innecesaria.

2. Papel timbrado judicial, con el mismo sello central y numeración correlativa, con un timbre en el lado izquierdo en seco con la inscripción Administración de Justicia.

3. Papel de oficio, facilitado gratuitamente por la Hacienda Pública, solamente llevaba el timbre en seco del tipo anterior en cada una de sus hojas.

4. Papel de pagos al Estado, también de nueve clases diferentes, con talones con epígrafes para que una de sus partes se quedase en la Fábrica y otra en la oficina destinataria. Servía para abonar:

a. Derechos de matrícula y demás  derechos académicos, incluyendo la expedición de títulos.

b. Derechos de secretaría que se pagaban en las Audiencias.

c. Reintegro de credenciales.

d. Reintegro de los libros de Comercio.

e. Registros de inscripción de pólizas de seguros.

f. Libros de los Ayuntamientos.

g. Las multas impuestas por autoridad gubernativa o judicial, salvo en los casos que veremos posteriormente de multas municipales o de la Ley Electoral.

h. Reintegros por infracción de la Ley del Timbre.

i. Multas por infracción del descanso dominical.

5. Papel de multas municipales, con dos sellos en tinta, que recogían el escudo nacional estampado en seco en su parte central y dos numeraciones, superior e inferior al talón epígrafe central, para que una vez cortado pudiese quedarse una copia el interesado y la otra parte unirse al expediente. Se utilizaba para satisfacer las multas por infracción de las Ordenanzas municipales, así como las impuestas por la policía rural.

6. Papel de multas por infracción de la Ley Electoral, de cinco clases diferentes, similar al anterior, salvo por el epígrafe que llevaban los sellos. Su custodia correspondía a las Diputaciones Provinciales.

  

Bibliografía recomendada:

Amado Moyá, J., ¿Qué es la Filatelia Fiscal?. Cuadernos de Filatelia. Fesofi nº 16. 2003.

Aracil, F . La Filatelia y cómo coleccionar. Edifil, S.A. 1991.

Escudero, J.A. (Ed). Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones jurídico-administrativas.1985.

Menéndez Pidal de Navascués, F., Apuntes de Sigilografía española. Real Academia de La Historia. Ed. 1993.

Pérez-Ainsúa Méndez, N., El papel sellado en el Antiguo y Nuevo Régimen: Heráldica y alegorías en el sello. Sevilla: Universidad y Ayuntamiento de Écija. 2007.

Riesco Terrero, A. (Editor). Introducción a la Paleografía y la Diplomática General. Síntesis. 2000.