Publicado en El Eco Filatélico y Numismático, nº 1.283, abril 2019, pp. 46-48
Tras
las reformas monetarias llevadas a cabo en el reinado de Carlos II, la escasez de moneda de vellón continuó,
debida en gran medida al temor de que una gran cantidad de moneda de este metal
estuviese en circulación. Asimismo, para su fabricación era necesario importar
el mineral, lo que era muy gravoso para la Real Hacienda, toda vez que
aumentaba los costes de fabricación, y su pago debía de realizarse en plata. El
descubrimiento en 1676 de las minas de Linares y su puesta en explotación
pareció dar una alternativa a la costosa importación. El 5 de enero de 1687 se
concedió al tesorero de la ceca de Granada la labra de ochavos con este metal,
aunque las labores hubieron de cesar el 14 de diciembre del año siguiente,
debido a la mala calidad del metal que se empleaba para la acuñación.
El 11 de agosto de 1690 los hermanos Federico
y Francisco Plantanida, milaneses, obtuvieron un asiento para la explotación de
las minas de cobre de Linares, Baños y Vilches
varios lugares del obispado de Jaén, por cinco años prorrogables. El
mismo día y año se expidió Real Cédula para que el Gobernador del Consejo de
Hacienda desempeñase el destino de juez conservador y privativo de dichas minas
y asiento. La puesta en funcionamiento de estas minas no pudo impedir que el
cobre siguiese siendo escaso en Castilla, teniendo la Corona que recurrir a la
importación de mineral para batir en otras cecas, y los caldereros recurrían a
la fundición de moneda para realizar sus manufacturas.
Los asentistas se comprometieron a entregar
a la Corona el 3,3% de todo el cobre extraído, así como a producir al año unos
cincuenta mil marcos de este metal, mil quintales, que quedarían a disposición
de la Real Hacienda, que debía de satisfacer por ellos el precio de 3 reales de
plata la libra, 51 maravedíes el marco. Toda cantidad que excediese de esos mil
marcos podría ser vendida a precio de mercado.
El precio del cobre importado era de 3
reales y 24 maravedíes la libra en puerto, al que se había de sumar los costes
de su transporte hasta las Casas de Moneda. El día 6 de febrero de 1691 uno de
los asentistas transportó a Madrid 90 quintales de cobre para que se batiese en
la ceca capitalina moneda para el presidio de Orán, y 20 más para la
fabricación de dos cañones.
Un año después los asentistas solicitaron la
autorización de emisión de moneda de cobre con el metal obtenido con la puesta
en marcha de una ceca en Linares a José Ramiro Cabeza de Vaca, de la Real
Hacienda. A los hermanos Plantanida se les unieron nuevos socios, Francisco de
Solas, Manuel de Velasco y Fernando Portero Garcés. Por Real Cédula dictada el
28 de mayo de 1691 en el Buen Retiro, se ordenó que a los antedichos socios, en
virtud del asiento recibido, se les guardasen todas las facultades y
preeminencias concedidas en las ordenanzas de Indias referidas a mina, en la
misma manera que las disfrutaban los asentistas de las de Guadalcanal.
Según Colmeiro, las minas de Guadalcanal, en
el partido de Llerena, provincia de Extremadura, se habían descubierto hacia
1555, y se labraron por cuenta de la Corona hasta 1576, rindiendo 400.000
marcos de plata fina, y en sus mejores tiempos de cada quintal de plomo se
sacaba una arroba de plata. Su labor empezó a decaer desde 1573, haciéndose más
costosa por ser más profunda, y se dieron en asiento a la casa de los Fúcares,
siendo abandonadas a comienzos del siglo XVIII.
El Consejo aceptó estos términos, pero
limitó la acuñación a un máximo de un millón de ducados anuales en ochavos, por
cuatro Reales Cédulas de 4 de noviembre de 1691. En las mismas se nombraba
superintendente a Francisco de Tovar y Rocha, veedor a Pedro Gregorio de
Piedrola y de la Cueva, ensayador a Francisco de Pedrera y balanzario a Pedro
García.
Para ello se les permitió levantar a su
costa la Casa de Moneda, corriendo con todos los gastos para ello, incluidos
los útiles y cuños necesarios. Se les concedió asimismo licencia para cortar la
necesaria leña en los encinares y dehesas del área. Meses después, por Cédula
de 10 de octubre de 1692, se nombró tesorero a Manuel García de Bustamante.
Posteriormente se nombró nuevo superintendente a Francisco Antonio de Robles.
Se fabricaron los cuños y las matrices para
proceder a la amonedación, y el 13 de noviembre de 1693 se tomó juramento por
el Cabildo a los oficiales mayores de la ceca. El 19 de enero de 1694 se
informó al Secretario del Consejo de la inspección de la primera moneda labrada
en Linares, con el certificado firmado por el Ensayador Mayor del Reino,
Bernardo de Pedrera Negrete. En diciembre de ese año se embargó el cobre para
su utilización para el fundido de cañones en Sevilla, incluso el adquirido por
la Casa de Moneda de Valencia para la labra de su circulante propio.
En fecha 25 de abril se nombró por Cédula
nuevo veedor a Miguel Guerrero Blázquez, nombrado por los asentistas, cargo que
desempeñó junto con el anteriormente ejecutado de guardamayor. El asiento de 1690 se prorrogó por Cédula de
6 de octubre 1695, ordenándose que se siguiese con la acuñación de moneda hasta
que se completase la suma antes citada, y una vez batida la Casa de Moneda, sus
pertrechos y herramientas pasarían a depender de la Corona. Una Cédula de la
misma fecha declaró el feble que se toleraría en las labores de vellón grueso,
y la aplicación que había de darse al mismo.
Ese mismo año, por los problemas financieros
de los asentistas, la mitad del asiento se entregó a Antonio de la Torre, por
una Cédula fechada asimismo el día 6 de octubre. El asiento será cedido el 12
de abril de 1697 a Antonio de la Torre,
y en fecha 31 de agosto de 1701 una Cédula aprobó la escritura de cesión
a su nombre de la mitad de las minas de cobre y Casa de Moneda que les
pertenecía.
El primer ensayador de esta Casa de Moneda
fue Francisco de Pedrera y Negrete, hijo de Bernardo de Pedrera Negrete,
Ensayador Mayor del Reino, que realizó estas funciones desde el 17 de enero de
1692 hasta el 13 de noviembre de 1693. Le sucedió José de Merino Negrete.
En los últimos años del reinado de Carlos
II, la de Linares fue la ceca que más numerario produjo. Sus marcas de ceca
fueron L y LS, y se batieron ochavos desde 1694 hasta 1719, si bien se conocen
solamente monedas hasta 1717. El montante global de numerario batido entre
estos años fue de 11.106.600 piezas, en una época en la que escaseaba el cobre
y era requerido para batir vellón grueso.
Las monedas acuñadas en esta ceca eran,
según el Ensayador Mayor José García Caballero, las más seguras y libres de
falsificaciones, dado que valían prácticamente lo mismo que el cobre en pasta,
siendo su único enemigo el consumo que de ellas hacían los caldereros, que la
fundían con harto poco recato, y temor à
la justicia.
Las primeras emisiones llevan en su anverso
un escudo coronado, con castillo en su interior, y la leyenda CAROLVS II D G,
en la izquierda la marca de ceca y en la derecha el valor de la moneda. En su
reverso viene grabado un león dentro de escudo coronado, y la leyenda
HISPANIARUM REX, y a la derecha del escudo la fecha de emisión.
A partir de 1694 se batió numerario con
motivos distintos a los reflejados en la Pragmática de 22 de mayo de 1680, con
fecha partida en anverso a ambos lados del escudo y en el reverso la marca de
ceca LS a la izquierda del escudo y el numeral II a su derecha. Este mismo
tipo, con las obvias modificaciones por el cambio del monarca reinante, fue el
utilizado durante los primeros años del reinado de Felipe V, hasta el cierre de
la ceca.
En 1719 se ordenó la suspensión de las
labores, en relación con la nueva labra de moneda de cobre puro en cuartos,
ochavos y maravedíes en las cecas de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Segovia.
Para ello se comisionó al corregidor de Córdoba para el embargo de todos los
libros y papeles, así como los materiales y los metales de la fábrica.
Antonio de la Torre solicitó del Consejo de
Hacienda el reembolso de los gastos habidos en las labores, por lo que este
organismo requirió al Contador y al Corregidor de Linares le liquidasen la
cuenta del cobre devengado por la treintena, y se tasase la Casa y los aperos
conforme al precio de mercado. Dicha liquidación se estimó a favor de la Real
Hacienda. Una vez muerto de la Torre, sus herederos siguieron pleiteando por
sus derechos ante la Administración, en un proceso que se dilató hasta 1772.
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