La extracción sistemática de moneda desde América, una afirmación revisada

Publicado en Oroinformación, 30 de abril de 2019

Aún hoy en día es común en los libros de Historia Económica, Historia en general o simple Numismática a nivel mundial, y tristemente en el área iberoamericana, la visión, utilizada como paradigma del mal gobierno, de una España depredadora, que extraía pingues ingresos de un territorio de abundantes recursos naturales y poblaciones indígenas: un Imperio represor de los deseos de sus “colonias” de autonomía política y económica, derrochador, absolutista y centralista.

El análisis de la economía política española en los Reinos de las Indias realizado por las historiadoras Regina Grafe y Alejandra Irigoin muestra un panorama muy distinto, en base al estudio de la documentación fiscal, posiblemente una de las más fidedignas, procedente de numerosas Cajas Reales. En base a los mismos, concluyen que la economía política española era muy poco centralizada, y la extracción de moneda hacia la Península era muy limitada. A sensu contrario, fueron la iniciativa local, la negociación con los particulares para la captación de los recursos necesarios y el control de los flujos económicos los que determinaron la estructura de los gastos, y niegan la afirmación aún en día predominante en los libros de Historia de que los gobernantes maximizaron con su política fiscal la obtención de ingresos.

Para estas autoras, la estructura de la administración fiscal española durante tres siglos intentó maximizar el engrandecimiento y la fidelización de los distintos reinos del Imperio en lugar de buscar la obtención del mayor número de ingresos posibles. Para ello fue necesaria la cooperación con las élites locales, manteniendo la mayoría de los ingresos obtenidos en las propias Indias y permitiendo a los comerciantes locales la participación en su recaudación y en el destino de los gastos. Los principales sectores locales recibieron subvenciones directas, y los comerciantes se beneficiaron de los intereses cobrados por los préstamos a la Corona. Con ello se consiguió el mantenimiento del Imperio y su defensa durante tres centurias sin desembolsos procedentes de la Península.

Este sistema habría sido perfectamente compatible con un sustancial crecimiento económico que se produjo en el siglo XVIII, y según estas investigadoras estaba inherentemente orientado a subvencionar los sectores económicos más exitosos. Según las mismas, vista desde el estudio de su sistema fiscal, hay muy pocas pruebas de coerción o de que fuese un Estado predatorio. Fue, por tanto, una forma barata de dirigir un enorme Imperio de forma muy eficiente, en el que prácticamente no hubo tensiones internas. A diferencia del Imperio Británico, en el que los particulares podían beneficiarse de las actividades del gobierno comprando bonos y acciones, el dominio español se basó en el pacto entre las partes interesadas y la cooperación entre los ámbitos público y privado, que aumentaron la participación local tanto en los gastos como en los ingresos.

Su estudio muestra la enorme expansión del gasto público durante el siglo XVIII, desde la cifra de 10 millones de pesos en la década de 1730, más de 40 millones a finales de la década de los 80 y a 70 millones a finales de la década de los 90. En este periodo netamente expansivo del gasto, su estudio muestra una marcada tendencia a la baja de las remesas efectivamente enviadas a la Península, que se redujeron en un promedio de alrededor de un 12% en el primer quinquenio, en un 5% en el segundo periodo y cerca de un 4% en el último. Con ello, aunque las cantidades totales remitidas desde los Reinos de las Indias sin duda aumentaron, supusieron una parte modesta del gasto total a principios del siglo XVIII y residual a finales del mismo. Por ello, como afirman expresamente, lo que es más que obvio es que el imperio español no fue una maquinaria extractiva orientada a la saca de recursos americanos hacia la metrópoli, incluso en momentos de máxima tensión fiscal, durante las guerras que se libraron en Europa.

La mayor parte de la redistribución de los ingresos obtenidos se realizó entre las distintas Cajas Reales, en un sistema muy descentralizado que se potenció en el transcurso del siglo XVIII. Tanto las Cajas grandes como las pequeñas podrían ser beneficiarias netas o pagadoras en un periodo, o meras intermediarias, y los flujos podían variar de un año a otro. Los mayores beneficiarios del sistema eran los grandes puertos comerciales, como Veracruz, Buenos Aires, La Habana y Cartagena de Indias, y Montevideo o Valparaíso en menor medida. En cuanto a su destino, los pagos de intereses por deudas nunca supusieron más del 7% del gasto total, mientras que los gastos civiles y los pagos de salarios representaron casi la mitad del monto total. En circunstancias excepcionales, los comerciantes suministraban al Estado grandes cantidades de fondos para hacer frente a gastos administrativos o militares.

Durante el siglo XVIII se produjo una expansión de las Cajas Reales desde las 35 en la década de 1730 a más de 70 a finales de la centuria, reflejo de la expansión territorial hacia sus límites en el Cono Sur y las regiones del norte de Nueva España, así como regiones interiores menos desarrolladas. La misma fue, como toda la presencia española en Ultramar, autofinanciada. Las circunscripciones existentes organizaron y financiaron la expansión del Estado a nuevas áreas. Por lo tanto, según las autoras, si el engrandecimiento del Imperio era el principal objetivo de la Corona española, fue sorprendentemente exitoso, casi sin costo directo para sí mismo. Por todo ello, el estudio del sistema fiscal español en los Reinos de las Indias realizado por estas investigadoras desafía la tristemente aún tan extendida caricatura absolutista del Imperio español.

En un sistema basado en la igualdad, al menos teórica, de todos los reinos de la Corona, todos debían contribuir en función de sus posibilidades a su mantenimiento. La Monarquía Hispánica fue la unión monetaria y fiscal más grande conocida por la Historia, y otros imperios que le sucedieron, como el británico o el francés, no fueron capaces hasta muy entrado el siglo XIX, y en algunos territorios no llegaron ni siquiera a conseguirlo, de dotar a sus colonias de un numerario uniforme. Ni mucho menos de llegar a unificar los territorios jurídicamente, con unos sistemas basados por un lado en colonias de poblamiento blanco, y por otro en colonias de explotación sistemática en los gobernaron tiránicamente hasta bien entrado el siglo XX.

Para saber más:

GRAFE, R., e IRIGOIN, A., “The political economy of Spanish imperial rule revisited”, www.um.es, version 2, 14 Apr. 08, 31 pp.

IRIGOIN, A., “Las raíces monetarias de la fragmentación política de la América Española en el siglo XIX”, Historia Mexicana, vol. LIX, núm. 3, enero-marzo, 2010, pp. 919-979.

Fausto de Elhuyar y la falacia del genocidio indígena en el virreinato de Nueva España

Publicado en Oroinformación, 2 de abril de 2019

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Fausto Fermín de Elhuyar y de Lubice, nacido en Logroño el 11 de octubre de 1755, fue un notable químico e ingeniero de minas, y ha pasado a la historia junto a su hermano Juan José por el descubrimiento del wolframio. Catedrático de Mineralogía y Metalurgia en el Seminario de Vergara entre 1781 y 1785, fue ministro honorario de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas, así como Director del Tribunal General de Minería de México. Asimismo, era miembro de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, e individuo de la de Naturalistas de Berlín, de la Werneriana de Edimburgo y de la de Marburgo. 

Tras su nombramiento en 1786 como Director General de Minería de Nueva España, dedicó treinta y tres años de su vida a la potenciación de este ramo, fundando el Colegio de Minería en 1792 y el Palacio de la Minería en 1813, ocupándose de la dirección de ambos y de las visitas a los Reales de Minas del virreinato. Tras la independencia de México en 1821, volvió a Madrid, donde escribió su obra “Memoria sobre el Influjo de la Minería en la agricultura, industria, población y civilización de la Nueva España en sus diferentes épocas”.

En esta obra, imprescindible para el conocimiento de la minería y la labra de moneda en el virreinato Novo hispánico, reflexiona sobre las medidas necesarias para retomar la enorme riqueza y pujanza que la minería había tenido en el devenir histórico de este territorio. La producción minera se había colapsado con los movimientos insurreccionales que finalmente desembocaron en la proclamación del Imperio Mexicano, que según sus propias palabras llevaron al exterminio o ausentamiento de los vecinos más acomodados, el saqueo de los metales en pasta, el colapso de las vías de comunicación y el desmantelamiento de las instalaciones industriales y productivas.

Este importante escritor dedicó un estudio dentro de la obra, en su nota 4º, a la impugnación del falso concepto que se había tenido del trabajo de las minas, y de las imputaciones hechas sin fundamento a las de oro y plata, y especialmente a las de América. Una de las aserciones de esta nota lleva el claro título “Que el trabajo de las minas de plata y oro es destructor de la humanidad, y ha sido de la primitiva población de este Continente”.

En cuanto a la primera afirmación, referida a los estragos que la minería había producido a la humanidad y que suponían sus defensores inherentes a la propia actividad, Elhuyar considera que comprendía dos partes. Por un lado, la relativa a la existencia de dichos estragos, y por otra la firmeza con la que se afirmaba que había sido la causa principal del aniquilamiento de los naturales de esos países después de su conquista.Desde la más remota antigüedad, según sus palabras, el trabajo de las minas había sido el desgraciado patrimonio y destino de los esclavos y malhechores condenados al mismo para purgar sus crímenes con su continua tarea, alimento muy preciso y la privación de libertad.  Reconoce asimismo que por su propia naturaleza este trabajo había sido penoso, molesto y repugnante, al practicarse a mayor o menor profundidad dentro de la tierra, y de ello se derivaban ciertas enfermedades y en ocasiones el peligro de la vida de los trabajadores.

Por ello, estimaba el autor que entre los particulares se tenía una idea funesta y espantosa sobre la minería, que inspiraban horror y aversión. Y esta visión se había perpetuado hasta comienzos del siglo XIX, momento en el que Elhuyar escribía su obra, a pesar del devenir del ramo de la minería desde que los gobiernos habían protegido estas empresas, convirtiéndose en una ocupación decente y honrosa, y se había puesto el mayor esmero en simplificar y facilitar las labores, así como en precaver los accidentes y desgracias. Por ello la gente se dedicaba espontáneamente a esta ocupación como a cualquier otra, siendo raros y usualmente casuales los accidentes, que podrían producirse según sus palabras en otros ramos de la producción, poniendo como ejemplo el de la marina.

En cuanto al segundo de los temas, que da título a este artículo, el autor estima que el mayor impacto en la población indígena se produjo en los tiempos inmediatos a la conquista, cuando estos trabajos eran superficiales y lentos, “sin las cavernas y abismos tenebrosos en que gratuitamente se han figurado sepultados”. Elhuyar se preguntaba qué molestia o impresión podría causarles que no experimentasen igualmente la agricultura, la construcción de edificios o cualquier otra actividad en las que se les ocupase, para que exclusivamente se atribuyese a la minería sus perniciosos efectos. Asimismo, se habría llevado a cabo una política de incremento de las labores, con el descubrimiento de gran número de nuevas minas.

Para el autor, nada de eso había sucedido, y era notorio que en la época en la escribía su obra los indios, no viniendo obligados ya desde hacía siglos a estos trabajos, no habían dejado de dedicarse a los mismos voluntariamente, y sin que se notaran consecuencias funestas. El rigor y la tiranía que se suponía a los dueños de las minas no habrían sido vicios inherentes a los trabajos mineros, sino defectos personales de dichos dueños. Las malas prácticas, igualmente, no habrían sido exclusivas de este ramo, y se habrían dado en las explotaciones agrícolas y en otras industrias.

Por todo ello, concluía nuestro autor que:

“Por último, si unánimes los escritores convienen en haberse notado desde luego en los expresados indígenas una naturaleza débil, la propensión al ocio y mucha repugnancia al trabajo, que aún hoy día están manifestando los de su clase, nada extraño sería, que la eficacia de los primeros europeos procurara, no solo en la minería, sino también en los demás ramos, excitar su laboriosidad, por medios que sin ser verdaderamente violentos, la piedad y compasión mal entendidas calificasen de excesivos y crueles.  Así de esto, como de ponderaciones de todas clases, hubo mucho en aquellos tiempos por motivos y fines particulares, que sin el debido discernimiento han pasado a la posteridad por hechos ciertos, y que un detenido examen imparcial reduciría todavía a términos moderados, como resulta del que acaba de hacerse en orden a la pretendida mortandad causada por el trabajo de las minas”.

Fuente:

Elhuyar, F. de, “Memoria sobre el Influjo de la Minería en la agricultura, industria, población y civilización de la Nueva España en sus diferentes épocas”, Madrid, 1825.

La Casa de Moneda de Linares

Publicado en El Eco Filatélico y Numismático, nº 1.283, abril 2019, pp. 46-48

https://www.academia.edu/38655979/La_Casa_de_Moneda_de_Linares

Tras las reformas monetarias llevadas a cabo en el reinado de Carlos II,  la escasez de moneda de vellón continuó, debida en gran medida al temor de que una gran cantidad de moneda de este metal estuviese en circulación. Asimismo, para su fabricación era necesario importar el mineral, lo que era muy gravoso para la Real Hacienda, toda vez que aumentaba los costes de fabricación, y su pago debía de realizarse en plata. El descubrimiento en 1676 de las minas de Linares y su puesta en explotación pareció dar una alternativa a la costosa importación. El 5 de enero de 1687 se concedió al tesorero de la ceca de Granada la labra de ochavos con este metal, aunque las labores hubieron de cesar el 14 de diciembre del año siguiente, debido a la mala calidad del metal que se empleaba para la acuñación. 

    El 11 de agosto de 1690 los hermanos Federico y Francisco Plantanida, milaneses, obtuvieron un asiento para la explotación de las minas de cobre de Linares, Baños y Vilches  varios lugares del obispado de Jaén, por cinco años prorrogables. El mismo día y año se expidió Real Cédula para que el Gobernador del Consejo de Hacienda desempeñase el destino de juez conservador y privativo de dichas minas y asiento. La puesta en funcionamiento de estas minas no pudo impedir que el cobre siguiese siendo escaso en Castilla, teniendo la Corona que recurrir a la importación de mineral para batir en otras cecas, y los caldereros recurrían a la fundición de moneda para realizar sus manufacturas.

    Los asentistas se comprometieron a entregar a la Corona el 3,3% de todo el cobre extraído, así como a producir al año unos cincuenta mil marcos de este metal, mil quintales, que quedarían a disposición de la Real Hacienda, que debía de satisfacer por ellos el precio de 3 reales de plata la libra, 51 maravedíes el marco. Toda cantidad que excediese de esos mil marcos podría ser vendida a precio de mercado.

    El precio del cobre importado era de 3 reales y 24 maravedíes la libra en puerto, al que se había de sumar los costes de su transporte hasta las Casas de Moneda. El día 6 de febrero de 1691 uno de los asentistas transportó a Madrid 90 quintales de cobre para que se batiese en la ceca capitalina moneda para el presidio de Orán, y 20 más para la fabricación de dos cañones.

    Un año después los asentistas solicitaron la autorización de emisión de moneda de cobre con el metal obtenido con la puesta en marcha de una ceca en Linares a José Ramiro Cabeza de Vaca, de la Real Hacienda. A los hermanos Plantanida se les unieron nuevos socios, Francisco de Solas, Manuel de Velasco y Fernando Portero Garcés. Por Real Cédula dictada el 28 de mayo de 1691 en el Buen Retiro, se ordenó que a los antedichos socios, en virtud del asiento recibido, se les guardasen todas las facultades y preeminencias concedidas en las ordenanzas de Indias referidas a mina, en la misma manera que las disfrutaban los asentistas de las de Guadalcanal.

    Según Colmeiro, las minas de Guadalcanal, en el partido de Llerena, provincia de Extremadura, se habían descubierto hacia 1555, y se labraron por cuenta de la Corona hasta 1576, rindiendo 400.000 marcos de plata fina, y en sus mejores tiempos de cada quintal de plomo se sacaba una arroba de plata. Su labor empezó a decaer desde 1573, haciéndose más costosa por ser más profunda, y se dieron en asiento a la casa de los Fúcares, siendo abandonadas a comienzos del siglo XVIII.

    El Consejo aceptó estos términos, pero limitó la acuñación a un máximo de un millón de ducados anuales en ochavos, por cuatro Reales Cédulas de 4 de noviembre de 1691. En las mismas se nombraba superintendente a Francisco de Tovar y Rocha, veedor a Pedro Gregorio de Piedrola y de la Cueva, ensayador a Francisco de Pedrera y balanzario a Pedro García.

    Para ello se les permitió levantar a su costa la Casa de Moneda, corriendo con todos los gastos para ello, incluidos los útiles y cuños necesarios. Se les concedió asimismo licencia para cortar la necesaria leña en los encinares y dehesas del área. Meses después, por Cédula de 10 de octubre de 1692, se nombró tesorero a Manuel García de Bustamante. Posteriormente se nombró nuevo superintendente a Francisco Antonio de Robles.

    Se fabricaron los cuños y las matrices para proceder a la amonedación, y el 13 de noviembre de 1693 se tomó juramento por el Cabildo a los oficiales mayores de la ceca. El 19 de enero de 1694 se informó al Secretario del Consejo de la inspección de la primera moneda labrada en Linares, con el certificado firmado por el Ensayador Mayor del Reino, Bernardo de Pedrera Negrete. En diciembre de ese año se embargó el cobre para su utilización para el fundido de cañones en Sevilla, incluso el adquirido por la Casa de Moneda de Valencia para la labra de su circulante propio.

    En fecha 25 de abril se nombró por Cédula nuevo veedor a Miguel Guerrero Blázquez, nombrado por los asentistas, cargo que desempeñó junto con el anteriormente ejecutado de guardamayor.  El asiento de 1690 se prorrogó por Cédula de 6 de octubre 1695, ordenándose que se siguiese con la acuñación de moneda hasta que se completase la suma antes citada, y una vez batida la Casa de Moneda, sus pertrechos y herramientas pasarían a depender de la Corona. Una Cédula de la misma fecha declaró el feble que se toleraría en las labores de vellón grueso, y la aplicación que había de darse al mismo.

    Ese mismo año, por los problemas financieros de los asentistas, la mitad del asiento se entregó a Antonio de la Torre, por una Cédula fechada asimismo el día 6 de octubre. El asiento será cedido el 12 de abril de 1697 a Antonio de la Torre,  y en fecha 31 de agosto de 1701 una Cédula aprobó la escritura de cesión a su nombre de la mitad de las minas de cobre y Casa de Moneda que les pertenecía.

    El primer ensayador de esta Casa de Moneda fue Francisco de Pedrera y Negrete, hijo de Bernardo de Pedrera Negrete, Ensayador Mayor del Reino, que realizó estas funciones desde el 17 de enero de 1692 hasta el 13 de noviembre de 1693. Le sucedió José de Merino Negrete.

    En los últimos años del reinado de Carlos II, la de Linares fue la ceca que más numerario produjo. Sus marcas de ceca fueron L y LS, y se batieron ochavos desde 1694 hasta 1719, si bien se conocen solamente monedas hasta 1717. El montante global de numerario batido entre estos años fue de 11.106.600 piezas, en una época en la que escaseaba el cobre y era requerido para batir vellón grueso.

    Las monedas acuñadas en esta ceca eran, según el Ensayador Mayor José García Caballero, las más seguras y libres de falsificaciones, dado que valían prácticamente lo mismo que el cobre en pasta, siendo su único enemigo el consumo que de ellas hacían los caldereros, que la fundían con harto poco recato, y temor à la justicia. 

    Las primeras emisiones llevan en su anverso un escudo coronado, con castillo en su interior, y la leyenda CAROLVS II D G, en la izquierda la marca de ceca y en la derecha el valor de la moneda. En su reverso viene grabado un león dentro de escudo coronado, y la leyenda HISPANIARUM REX, y a la derecha del escudo la fecha de emisión.

    A partir de 1694 se batió numerario con motivos distintos a los reflejados en la Pragmática de 22 de mayo de 1680, con fecha partida en anverso a ambos lados del escudo y en el reverso la marca de ceca LS a la izquierda del escudo y el numeral II a su derecha. Este mismo tipo, con las obvias modificaciones por el cambio del monarca reinante, fue el utilizado durante los primeros años del reinado de Felipe V, hasta el cierre de la ceca.

     En 1719 se ordenó la suspensión de las labores, en relación con la nueva labra de moneda de cobre puro en cuartos, ochavos y maravedíes en las cecas de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Segovia. Para ello se comisionó al corregidor de Córdoba para el embargo de todos los libros y papeles, así como los materiales y los metales de la fábrica.

     Antonio de la Torre solicitó del Consejo de Hacienda el reembolso de los gastos habidos en las labores, por lo que este organismo requirió al Contador y al Corregidor de Linares le liquidasen la cuenta del cobre devengado por la treintena, y se tasase la Casa y los aperos conforme al precio de mercado. Dicha liquidación se estimó a favor de la Real Hacienda. Una vez muerto de la Torre, sus herederos siguieron pleiteando por sus derechos ante la Administración, en un proceso que se dilató hasta 1772.

Bibliografía

ÁUREO & CALICÓ S.L., Subasta en Sala 260, 27-28 de mayo de 2014.

ÁUREO & CALICÓ S.L., Subasta en Sala 276, 27 de abril de 2016.

 BELINCHÓN SARMIENTO, F., “En torno a la Casa de Moneda de Linares (1691-1719)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 15 de octubre de 1982, pp. 55-81.

BELINCHÓN SARMIENTO, F., “Los ochavos de la ceca de Linares”, Gaceta Numismática 123, 1996, pp. 57-69.

BURGOS, M de, Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla, Primera parte, Tomo I, Madrid, 1832.

COLMEIRO, M., Historia de la Economía Política en España, Tomo II, Madrid, 1863.

FERIA Y PEREZ, R., “La industrialización de la producción monetaria en España, 1700-1868”, VI Jornadas Científicas sobre documentación borbónica en España y América (1700-1868), Madrid, 2007, pp. 155-176.

GARCIA CAVALLERO, J., Breve cotejo, y valance de las pesas y medidas de varias Naciones, Reynos, y Provincias, comparadas y reducidas à las que corren en estos Reynos de Castilla, Madrid, 1731.

MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Tomo I, Madrid, 1847.

SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de, “La Real Casa de Moneda de Linares en tiempos de Carlos II: aportación numismática”, Numisma, XLIV, 234, 1994. 

La moneda y la circulación monetaria en Nueva España en el siglo XVIII

Publicado en Oroinformación, 21 de marzo de 2019.

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A partir de 1680, de acuerdo con los estudios de Soria, se incrementó la mercantilización de la economía novohispana alrededor de los centros urbanos y mineros, se integró en el sistema a las comunidades indígenas y la agricultura se incrementó con el aumento de la población y de la producción minera de Nueva España, actual México, California, Texas, etc.

Durante todo el siglo XVIII la producción de metales preciosos se incrementó por la revitalización de viejas explotaciones y el descubrimiento de otras nuevas, y su crecimiento tuvo un efecto dinamizador de los demás sectores productivos. A ello se unió que la población prácticamente se dobló entre 1742 y 1810. A principios de este siglo, el virreinato tenía cerca de quinientos reales y realitos, con unas tres mil minas activas.

En la primera década del siglo, Nueva España producía la mitad de los ingresos tributarios de toda la Corona, y al final del mismo las 2/3 partes. Los ingresos fiscales tuvieron un crecimiento continuo, alrededor de un 1,75% anual, salvo en los quinquenios 1721 a 25 y 1736 a 1740, siendo los incrementos más importantes los que se produjeron entre los años 1781 a 85 y 1806 a 10, en los que la tasa llegó al 4,4% anual, debido a una creciente presión fiscal que impulsó el malestar contra la Corona.

Los nuevos impuestos supusieron un profundo cambio en el sistema impositivo virreinal, dado que si antes de 1780 las contribuciones formaban la base de las rentas reales, después de este año la miscelánea de guerra y los préstamos forzosos y voluntarios pasaron en veinte años a suponer el 65% de los ingresos. Si bien este cambio permitió un brusco incremento de los ingresos, desalentó la inversión y condujo a la caída de la producción monetaria.

La tesorería de Nueva España era la encargada de sostener el mantenimiento de las defensas y los presidios dependientes del virreinato en el Caribe, las provincias interiores y Asia, y a finales del siglo se convirtió en la suministradora de casi el 75% de las remesas enviadas a la Península, lo que suponía cerca del 25% del total de los ingresos de la Tesorería General de España en la segunda mitad del siglo.

Tras la depresión en el comercio ultramarino con Cádiz que encontramos entre 1681 y 1709, se produjo una recuperación del mismo entre esta fecha y 1722, para elevarse definitivamente entre 1748 y 1778. En el caso de Nueva España, el comercio mejoró también entre los años 1741 y 1779, y el comercio exterior se elevó considerablemente a partir de la liberación del mismo.

Las naves que volvían a la Península llevaban mercancías de cambio tanto para los particulares como por cuenta del Rey. Por cuenta de particulares transportaban plata y oro acuñados o labrados, grana, añil, cacao, algodón y varias mercancías y alimentos. Por cuenta del Rey la principal mercancía transportada era metales preciosos amonedados, muestras de monedas y alhajas, pero también cacao, cobre, chocolate, algunas especias y otros productos.

Céspedes del Castillo hace un riguroso estudio de la circulación monetaria en Nueva España partiendo de las cantidades totales de acuñación de la ceca de su capital. El mismo muestra que, con los datos disponibles y en ocasiones no coincidentes, los montantes anuales de emisiones a comienzos de la centuria oscilaban entre los tres y cuatro millones de pesos. Otra importante referencia en este tema son los trabajos llevados a cabo por Ruggiero Romano.

Según un auto del superintendente José de Veitia, autorizado por el escribano Antonio Alejo de Mendoza el 18 de marzo de 1732, entre 1715 y 1729 inclusive ambos se habían labrado en esta Real Casa 1.242.691 marcos, una onza y una ochava de plata de la Corona y 12.743.687 marcos, dos onzas y cuatro ochavas por parte de particulares, siendo los derechos de braceaje y monedaje de 1.783.633 pesos y dos reales.

Los estudios de Ruggiero Romano último muestran un colosal incremento en la producción y exportación de moneda durante el siglo XVIII en la ceca novohispana, y muy especialmente en su segunda mitad. Su exportación supuso un promedio anual de entre 10.400.000 y 15.700.000 pesos al año, siendo sus destinos, como más tarde analizaremos, el comercio de Asia y el metropolitano, la Capitanía General de Cuba y la de Venezuela y los territorios septentrionales del Virreinato. Un importe nada desdeñable se correspondería al activo contrabando.

El mayor éxito monetario del reinado de Fernando VI fue la mejora del circulante en los Reinos de las Indias. La mala calidad de parte de la moneda en los mismos, compuesta de piezas cercenadas y faltas de peso batidas con anterioridad a 1728, moneda falsa o extranjera y moneda perulera de oro falta de peso había perjudicado al comercio novohispano.

Un Bando del Virrey de 10 de abril de 1749 ordenó que la moneda batida en México, Perú o Guatemala de antigua labra debía necesariamente ser aceptada en las transacciones comerciales sin ninguna discriminación, citando explícitamente los escudos procedentes del Perú sin notoria merma de peso. Tras la publicación, las autoridades municipales y los representantes de los hombres de negocio de Puebla escribieron al Virrey trasladándole las quejas de los pobres y los comerciantes contra la aceptación de la moneda de antigua labra, toda vez que su forma favorecía el cercén, y muchos pensaban que eran falsificaciones.

La falta de aceptación de la moneda antigua se extendió por el virreinato. Los vecinos, marineros y comerciantes de Veracruz rehusaban aceptarlas, dado que se estimaba que muchos de los pesos no contenían más de cinco reales. En la misma ciudad de México no eran admitidas en las tiendas, oficinas ni establecimientos, con lo cual no podían ni los pobres comprar ni los ricos vender. Aunque el virrey volvió a repetir el Bando en fecha 6 de septiembre de ese mismo año, la oposición a su aceptación no cesó.

Para solucionar estos problemas, el virrey convocó una Junta, compuesta por el superintendente de la Casa de Moneda, el prior de la Cofradía de Comerciantes, su predecesor y destacados hombres de negocio de la ciudad de México. Dicha Junta informó que desde el 19 de julio de 1746 al 7 de octubre de 1751 la ceca había batido 1.752.877,5 pesos en medios reales, reales sencillos y piezas de dos reales.

Los oficiales recibieron instrucciones de acuñar 40.000 marcos anuales en moneda menuda de esos faciales, lo que se estimaba necesario para atender el comercio al por menor, las compras diarias en las tiendas de comestibles y el pago de salarios. La Junta estimaba que el numerario en circulación de labra antigua de pequeño módulo ascendía a entre 700 y 800 mil pesos, y afirmaba asimismo que la nueva moneda de oro y plata batida desde 1728 en circulación era muy pequeña. La razón de ello estribaba a su entender en que la merma de plata pura de un 18% en los ½ reales, del 11% en los sencillos y del 9% en los dobles habían apartado la mayor parte de la moneda de oro y plata de la circulación.

Por todo lo anterior, la Junta estimaba que sería deseable la retirada de todo el numerario de antigua labra, y uniformar el circulante mediante la emisión de moneda esférica. El problema era que gran parte de las monedas antiguas estaban en manos de los indios y de los blancos pobres, con lo que dicha reforma no fue factible, debido a los problemas que acarrearía.

En vista de ello, el virrey elevó una queja al monarca el 12 de diciembre de 1751 con motivo de los perjuicios causados por la circulación de moneda antigua, e informó al monarca que los tenedores de ella podían soportar la carga de su amortización. El día 20 de mayo de 1752 el monarca ordenó al virrey la recogida de toda la moneda antigua por cuenta de la Corona, en un plazo suficiente, a juicio del virrey, para que los funcionarios del Tesoro Real y los oficiales de ensayo estuvieran proveídos de numerario suficiente para su amortización a la par. Tras dicho periodo, las monedas antiguas sólo serían aceptadas en la Casa de Moneda por su valor intrínseco o como metal.

A comienzos del reinado de Carlos III el valor del metal amonedado en esta ceca rondaba los 12 millones de pesos, lo que en opinión de Céspedes fue debido a las reformas llevadas a cabo por Felipe V y Fernando VI. Los montantes a finales del reinado de Carlos III se acercan a los 20 millones de pesos, lo que llega a su máxima expresión con las emisiones de 1796, 24 millones, cuando todavía dura la inercia de sus reformas. Posteriormente, el importe total de la moneda batida desciende, primero lentamente y más tarde muy rápidamente.

Es clarificador el hecho de que en algunos años las cantidades de metal amonedado igualen o superen claramente la producción, lo que parece deberse a la acuñación del metal en barras o pasta, principalmente la plata, que anteriormente había circulado.  Es de suponer asimismo que parte de estos importes se deban también a la reacuñación de moneda anterior, especialmente las piezas macuquinas de la época austracista.

A este notabilísimo incremento se debería también a una Hacienda Real más eficaz y organizada, que perseguiría con eficacia creciente la evasión y circulación de plata en pasta, que evadía el pago de los derechos de braceaje y señoreaje por su acuñación.

No podemos olvidar que la moneda acuñada era el principal producto de exportación de las Indias, tanto por vía legal como por contrabando, y que las políticas liberalizadoras del comercio incrementaron el tráfico mercantil, con lo que a pesar de las crecientes emisiones cada vez había menos moneda en el mercado interior.

Un importante dato en este sentido son los esfuerzos llevados a cabo para la emisión de moneda feble, de bajo facial. Este proceso comenzó en 1733, y llegó a su punto culminante entre los años 1767 y 1809. Como afirmaba Elhúyar, la moneda feble era la de mayor disposición para los cambios y compras, y era más difícilmente exportable y utilizada por los orfebres para sus obras, por lo que se supone su mayor retención dentro del mercado interno del virreinato.

Si bien las emisiones de gran módulo, los pesos de a ocho reales, supusieron el 97% del total del valor del producto de la ceca entre 1747 y 1802, no es menos cierto, como advierte Ibarra, que entre dichos años se batieron más de 97 millones de monedas en faciales de entre dos y ¼ de real, según el siguiente cuadro:

Faciales	Marcos	Monedas	% relativo
Dos reales	662.352	22.519.968	23,1
Un real	255.816	17.395.488	17,9
Medio real	418.864	56.965.504	58,6
1/4 de real	1.291	351.152	0,4
Total	1.338.323	97.232.112	100

A finales de agosto de 1793, el Virrey Revillagigedo hizo un cuidado cálculo de las exportaciones de moneda del virreinato:

Exportación de moneda (en pesos)	Años 1766-1778	Años 1779-1791
Exportado por comerciantes	103.873.984	115.624.103
Situados para gastos militares fuera del virreinato	36.259.528	78.848.705
Del Rey, a la Península	15.027.072	29.581 .982
A Filipinas, por Acapulco	19.000.000	20.000.000
Estimación del contrabando	3.500.000	2.500.000
Total de exportaciones	177.660.584	246.554.790
Acuñación total, ceca de México	203.882.948	252.024.419
Diferencia, aumento de circulación monetaria en
Nueva España	26.222.364	5.469.629

De estos montantes, destaca el hecho de que en los años anteriores a 1778 el aumento medio anual de la moneda circulante supuso un importe superior a los dos millones de pesos anuales, lo que era necesario para una economía como la novohispana, en pleno proceso de expansión. A juicio de Céspedes, la exportación de moneda pudo tener efectos beneficiosos que estimularon el consumo interior, la producción, el comercio y el empleo, y frenó el proceso inflacionista.

La producción anual del virreinato sería según el mismo autor cercana a los 200 millones de pesos, de los que un 56%se derivarían de la agricultura, un 15% de la minería y el resto de la industria, y por tanto a su juicio era el momento idóneo para que este territorio se hubiese desarrollado en una etapa de proto industrialización, dado que también existía una clase empresarial capitalista.

La segunda de las fases, la que comienza en 1779, muestra sin embargo a su parecer una tendencia a la descapitalización progresiva, debida especialmente al esfuerzo bélico de la guerra mantenida contra Gran Bretaña y a la reorganización del comercio de este país hacia la América española, con el fin de captar los necesarios capitales para financiar su naciente Revolución Industrial.

Con ello, la salida de moneda tendió a elevarse e incluso a superar a su producción, con lo que el incremento del numerario en circulación en el virreinato fue irrisorio, una media de 420.740 pesos anuales. Toda vez que la Nueva España estaba creciendo demográficamente, y que el importe estimado para el contrabando debía ser superior, dicho circulante no debía crecer, sino disminuir hacia 1784.

Como en la propia Península y en otros lugares de las Indias, la falta de numerario se suplió con el uso de instrumentos de crédito, como las libranzas o las letras de cambio, lo que motivó un acelerado proceso inflacionista, que dio al traste, como en los demás territorios de la Monarquía, con el periodo de relativo equilibrio entre los sectores interior y exterior de su economía.

La reforma de 1772 no obtuvo los fines perseguidos de unificación de la moneda circulante. Se aprobó una oferta para que los comerciantes de México adelantasen para su amonedación 3.149.808 pesos 6 ½ reales para la retirada de la moneda de antiguo cuño, lo que suponía más o menos la octava parte de toda la acuñación de oro y plata anual en la ceca de México.

En 1776 las autoridades municipales informaron de que los beneficiarios de los monopolios y otras agencias habían sufrido importantes y continuadas pérdidas por la moneda de plata de pequeño módulo cambiada como metal, y rehusaban recibir más cantidad. En fecha 23 de enero de ese mismo año, el alcalde y el concejo la ciudad solicitaron al monarca que permitiese dejar en circulación la antigua moneda de oro en la ciudad de México, o bien que se les otorgase un plazo de gracia de 25 o 30 años.

Bibliografía

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La separación de la platina del oro en las Casas de Moneda de Nueva Granada en el siglo XVIII

Publicado en Oroinformación, 5 de marzo de 2019

En el mundo científico consta que el primer conocimiento que se tuvo de este metal precioso fue a través de una muestra traída por el ensayador Wood desde Jamaica pero procedente de Cartagena de Indias. El sevillano Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt, buen ejemplo de la España Ilustrada, dado que fue naturalista, astrónomo, militar que llegó al grado de Almirante, Gobernador de la Luisiana y prolífico escritor, ha pasado a la Historia por la relación que hizo de este metal, la platina, en 1748. A pesar de ello, como ha estudiado Espinosa, con anterioridad a esta noticia el platino no solamente era conocido, sino apartado en las Casas de Moneda de Nueva Granada y tratado como un subproducto no deseado, posiblemente ya en el siglo XVII.

El platino o platina, como era conocido, se encontraba de forma natural en las minas de oro del Nuevo Reino, adherido al oro, del que era muy difícil de separar, junto a otros minerales como el rodio, el paladio, el iridio y el osmio. En el caso de que abundase, las minas se abandonaban, dado que era más caro separar el oro del platino mediante mercurio o azogue que lo que se obtenía por el mineral, y ese fue el caso de algunas explotaciones de Chocó y Barbacoas, en el Alto Atrato y en el Alto San Juan.

El alto contenido en platina llevó al abandono de las minas de Condoto-Chocó y Barbacoas-Nariño. Para la labra del oro y su amonedación, el principal destino del metal áureo en esa época,  las leyes eran estrictas en cuanto a la pureza requerida, por lo que si venía mezclado con platina su introducción en las Casas de Moneda se consideraba un delito contra la Real Hacienda.

Es innegable que el platino era un metal ampliamente conocido en la Nueva Granada a comienzos del siglo XVIII, como lo testimonian gran número de documentos de las tres Casas de Monedas operativas en el virreinato, Santa Fe, Popayán y Mariquita, así como por algunas referencias bibliográficas. Y no solamente por las autoridades virreinales, sino también por las metropolitanas. Espinosa cita una Real Cédula de 1726, conservada en el Archivo Departamental de Cauca, en la que Felipe V confirma la decisión de la Junta General de Tribunales de 19 de agosto, referente a “…el pernicioso abuso que había en mezclar los oros con el metal de la platina”.

Su utilización con fines suntuarios parece quedar demostrada por una afirmación de Fages Virgili citada por Espinosa, que indicaba que el virrey Jorge Villalonga recibió en 1730 en Santa Fe de Bogotá como regalo una vaina para su espada y unas hebillas de platino.

Dicha documentación muestra cómo el platino entraba en las Casas de Moneda en los lingotes de oro. Tras tratarlos posiblemente con agua regia tras su fundición, una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, se almacenaba en las propias cecas bajo llave. Una vez que la cantidad custodiada se consideraba suficiente, se arrojaba el platino a los ríos Bogotá o Cauca, en una ceremonia llena de solemnidades en la que participaban los funcionarios reales, se levantaba acta y se cumplían los formalismos debidos a la protección del patrimonio real.

En uno de estos documentos, contenido en el Volumen V de las Minas de Tolima, Sección Colonia,  folios 330-331, el ensayador de Popayán, Joseph Sánchez de la Torre y Armas,  detalla la fundición y el uso de la técnica del apartado para el beneficio de seis barras de oro mezcladas con platina, de las que se obtuvieron de 5.958 castellanos, 5.006 castellanos de oro puro y 894 castellanos de merma de platina calcinada, de fecha 15 de junio de 17267. Primero se fundieron las barras, para posteriormente añadir plata y separar el platino con agua fuerte.

Otro documento del mismo archivo recoge la contestación  proposición de la Junta General de Tribunales del 19 de agosto de 1726  para la fundición de los oros, que realizó el tesorero de la ceca de Santa Fe, don Joseph Salvador de Ricaurte, defendiendo que las operaciones de purificación debían ir precedidas de la separación de la platina contenida en el mismo, y de su enunciado se desprende que dicho apartado se venía haciendo desde hacía mucho tiempo. Esta comunicación fue provista por el gobernador y capitán general de Santa Fe, don Antonio Mario Maldonado.

Las monedas áureas procedentes del Nuevo Reino tienen un característico color pálido, que en un primer momento se pensó que era debido a la aleación con platino. Los análisis realizados en Bogotá muestran que el platino no estaba presente en estas monedas, y otros análisis posteriores realizados con neutrones muestran que estas monedas tienen elevadas cantidades de iridio, un metal del grupo del platino. Craig afirma que hay ejemplos de onzas batidas en platino en las propias cecas.

Según los análisis realizados por Morrison y Morrison, la moneda batida en el Nuevo Reino contiene generalmente trazas de platino. Sus análisis muestran que el oro de esta procedencia tiene un contenido en platino de entre el 1,6 y el 2%, y con  base en sus estudios se ha concluido que el oro acuñado en Inglaterra  anterior a 1703 contiene más platino que el francés del mismo período, y que después de 1703 tanto el oro francés como el inglés tienen un alto contenido en platino.

Por ello, podemos suponer que o bien el contrabando de oro con el Nuevo Reino debió de suponer una importante fuente de metales preciosos para su acuñación tanto para la Gran Bretaña como para Francia a comienzos del siglo XVIII, o bien que se habría producido una fundición masiva de la moneda áurea española acuñada en las cecas neogranadinas en ambos países. 

En la obra de Humboldt, aunque posterior,  se recogía que tras la declaración de libre navegación del río Atrato se había incrementado mucho el contrabando de oro. En vez de remitirse el oro en barras o en polvo a las cecas de Santa Fe y Popayán, parte del mismo se dirigía a Cartagena y Portobelo, y desde allí a las colonias inglesas. Los llamados rescatadores, que realizaban el comercio de oro en polvo en Popayán, Buga, Cartagena y Mompox, sacarían de contrabando según sus cálculos unos 2.500 marcos de oro del Chocó, Barbacoas, Antioquía y Popayán. Y esta práctica se reprodujo igualmente cuando se instauró el monopolio de la Corona sobre la producción del platino.

Desde aproximadamente 1730-1740 se produjo según Morrison y Morrison una extracción sistemática del platino mediante el método de la amalgamación con mercurio, lo que concuerda con la documentación citada por Espinosa.  Estos autores analizaron varias monedas españolas, de las cuales las siete anteriores a 1741 tenían un alto porcentaje de platino, y las seis acuñadas entre 1769 y 1793 muy bajo, debido a la extracción del platino en las Casas de Moneda.

Bibliografía:

Cano Borrego, P.D., “El interés de la Corona española por el beneficio del platino y su comercialización a finales del siglo XVIII”, De Re Metallica, 27, 2016, pp. 47-56.

Craig, A.K. 2000. Spanish colonial gold coins in the Florida Collection, Gainesville, Florida.

Espinosa Baquero, A. 1986. Nuevos datos sobre el descubrimiento del platino, nota preliminar. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol. XVI, No 60, marzo 85- 90.

Humboldt, A. von, Ensayo Político sobre la Nueva España, T.III, Paris, 1827

Morrison, C., Barrandon, J.N., y Morrison, C. 1999. Or du Brésil, monnaie et croissance en France au XVIII^e siècle, Paris.