Publicado en Crónica Numismática, 31 de mayo de 2021
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Durante
los años 1821 y 1822 se siguió acuñando moneda a nombre de Fernando VII en las
distintas Casas de Moneda del Virreinato de Nueva España. La razón de ello, a pesar
de la firma del Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821, se debe a
una razón jurídica. Tanto el Pacto de Iguala como los Tratados de Córdoba
definían a México como un Imperio, en el que el monarca español o alguno de los
miembros de su dinastía seguiría siendo el soberano, y hasta su aceptación y
coronación un Consejo de Regencia ejercería el poder ejecutivo.
Tras la sublevación de Rafael de Riego y el
restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820, simpatizantes del régimen
absolutista de Nueva España comenzaron a reunirse secretamente en la conocida
como la Conspiración de la Profesa. En sus primeras reuniones, su objetivo fue
el de impedir que la noticia del triunfo liberal en España se conociese. Cuando
finalmente las autoridades virreinales tuvieron que jurar la Constitución, su
objetivo varió hacia la independencia, con el objeto de instaurar una monarquía,
obviando las instituciones constitucionales, en la persona del propio Fernando
VII o de alguno de los infantes españoles. Uno de los apoyos que buscaron y
obtuvieron fue el del oficial realista Agustín de Iturbide.
En consonancia con las órdenes recibidas, el
virrey expidió un generoso indulto y liberó a los insurgentes que se
encontraban presos, lo que hizo que su descontento aumentase. Finalmente, en
noviembre Iturbide fue nombrado comandante para combatir a uno de los últimos
focos insurgentes, el de Vicente Guerrero. Con este último concluyó el Plan
de Independencia de la América Septentrional, conocido como Plan de Iguala, el
24 de febrero de 1821, con el objetivo de establecer la independencia de
México, manteniendo la monarquía en la persona de Fernando VII u otro de los
miembros de su casa, estableciendo la religión católica como única y la unión
de todas las clases sociales. Se formó un ejército conocido como Trigarante, al
que se unieron militares realistas y algunos antiguos insurgentes.
A la llegada de Juan O’Donojú, el Jefe
Político Supremo enviado por las Cortes, Iturbide se reunió con él el 24 de
agosto de 1821, y firmó con él, aunque O’Donojú lo hizo a título personal, los
Tratados de Córdoba, una ampliación del Plan de Iguala, por los que entre otros
artículos se estipuló que se devolvería en México a Fernando VII, o en su
defecto a otro miembro de su familia, el poder que la Constitución de Cádiz le
había arrebatado. En este último, Iturbide incluyó una frase que no estaba
contemplada en el Plan de Iguala, la de que en caso de que ninguno de los
miembros de la familia real española aceptase, el nuevo Emperador sería
nombrado por las Cortes Imperiales.
O’Donojú envió una copia de los Tratados a
Francisco Novella, que actuaba de virrey interino en la Ciudad de México, que
convocó un Consejo de Guerra que concluyó que el mismo debía ser ratificado por
el gobierno español. El 13 de septiembre se celebró una reunión en Tacubaya,
por la que se reconoció a O’Donojú como Jefe Político Superior, el 27 de
septiembre el Ejército Trigarante entró en México y al día siguiente se elaboró
el Acta de Independencia de México, que se firmó por la Soberana Junta
Gubernativa y eligió los miembros del Consejo de Regencia, que ejercería el
poder en nombre de Fernando VII.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de
los Tratados de Córdoba, el país se gobernaría interinamente acorde a las leyes
vigentes inmediatamente anteriores a la Independencia, particularmente las
gaditanas, por lo que los integrantes de
la Junta se preguntaron si se podían establecer en la convocatoria reglas
distintas, e inclusive contrarias a la legislación española. Se concluyó que la
Soberana Junta no tenía capacidad de convocar un Congreso distinto a lo
prevenido en la Constitución española.
Juan O’Donojú murió el 8 de octubre de 1821,
siendo enterrado con honores de Virrey en la Catedral de México. Finalmente, el
17 de noviembre de 1821 se publicó en la Gaceta Imperial la convocatoria a un Congreso
Constituyente. En febrero de 1822 las Cortes de España rechazaron los Tratados
de Córdoba, y el 18 de mayo el Congreso Constituyente proclamó a Agustín de
Iturbide Emperador de México, cargo que ostentó hasta su abdicación el 19 de
marzo de 1823. La Constitución de Cádiz estuvo vigente en México hasta finales
del año 1823, cuando hacía meses que se había acabado el Imperio de Agustín I y
se caminaba hacia una república federal, y el Congreso consideró nulos el Plan
de Iguala y los Tratados de Córdoba.
Las
últimas monedas mexicanas a nombre de Fernando VII
Debido a lo anteriormente expuesto, es
lógico que la Regencia decretase que las casas de moneda operativas en el
Imperio siguiesen acuñando moneda de oro y plata con el busto y las leyendas de
Fernando VII, lo que fue efectivo hasta la proclamación de Iturbide, por lo que
el 11 de junio de 1822 se autorizó la emisión de moneda de oro, plata y cobre
con los nuevos tipos referidos a Agustín I.
Los tipos utilizados en las emisiones a
nombre de Fernando VII utilizan como modelo los de los cuños realizados por el
grabador Félix Sagau por encargo de la Junta Gubernativa y posteriormente del
Consejo de Regencia durante la Guerra de Independencia, que uniformaron
tipológicamente la moneda después de una época de gran diversidad en el uso de
bustos reales o imaginarios en las emisiones tanto en España como en América, y
que fue por primera vez utilizado en la ceca de Sevilla en 1809. En el anverso
aparece el busto del monarca mirando a derecha, provisto de manto y coronado de
laurel. Pero en las cecas provinciales hay una amplia variedad de estos bustos,
incluso solo en estos dos años que estudiamos.
En la Real Casa de Moneda de México se acuñó
moneda a nombre de Fernando VII en 1821 por los ensayadores Joaquín Dávila
Madrid y José García Anzaldo, recogiendo fielmente en el busto representado el
modelo antes citado de Sagau. En su reverso se reproduce en el centro las armas
coronadas de Castilla y León, con un escusón de Borbón en su centro y granada
en punta, y sobre el escudo la corona real con remate de mundo y cruz, y
flanqueado por las Columnas de Hércules. El canto de estas monedas es perfecto,
y sigue la disposición real de anillos y rectángulos alternados.
En la Casa de Moneda de Durango, con sigla
D, encontramos emisiones a nombre de Fernando VII tanto en 1821 como en 1822,
con sigla de ensayador CG, Cosme Garcés. En esta ceca el busto del monarca
aparece de forma distinta en cada año de acuñación desde 1812, y solamente a
finales de las emisiones se consiguió un buen retrato del monarca. Incluso en
estos dos años las emisiones difieren bastante unas de otras, utilizándose
varios bustos, que aunque siguen el modelo antes citados de Sagau son distintos
unos de otros. Las gráfilas grabadas al borde del anverso y reverso están casi
sin excepción descentradas. Hay igualmente moneda acuñada en Chihuahua en estos
años. Aunque siguen los tipos oficiales, las mismas son muy deficientes en su
acuñación.
Muy distintas son las piezas emitidas
también en los años 1821 y 1822 por la Casa de Moneda de Guadalajara, GA,
por el ensayador Francisco Suárez. En estas emisiones se rozó la perfección en
los grabados, tanto en el busto del soberano del anverso como en las armas del
reverso. Como afirma Antonio Deana, este preciosismo se debió a que la Casa de
Moneda de México remitió tanto a artífices como a operarios a solicitud de la
Real Audiencia de Guadalajara.
Las actualmente escasas monedas acuñadas en
Guanajuato, con marca de ceca o dentro de una G, aparecen en 1821 y 1822 ensayadas
por José Manuel Lejérzar, y siguen el tipo que podemos llamar universal.
La última Casa de Moneda en acuñar a nombre
de Fernando VII fue la de Zacatecas, con marca de ceca Zs . Uno de
los firmantes del Acta de Independencia fue Manuel de la Sota Riva Llano y
Aguilar, Jefe político superior de México y Capitán General, a cargo de las
provincias de México, Valladolid, Querétaro y Guanajuato, nombrado
posteriormente, el 1 de julio de 1822, Ministro de Guerra y Marina.
En su calidad de Jefe Superior Político de
la Provincia de México, y en nombre de la Soberana Junta gubernativa del
Imperio, de la Sota dictó un bando en fecha 28 de febrero de 1822, que debía
ser publicado en las ciudades, villas y lugares de dicho distrito, por el que
comunicaba al público los exámenes realizados por peritos imparciales de la
moneda labrada en la nueva Casa de Moneda de Zacatecas durante el año 1821.
Según los mismos, la moneda acuñada en esta ceca tenía todas las cualidades de
ley, peso y estampa que la ordenanza requería.
Durante los años 1821 y 1822 se acuñó moneda
en Zacatecas a nombre del monarca Fernando VII. Las siglas de ensayador son RG,
José Rodríguez Gallinas, que ensayó moneda entre los años 1820 y 1822, y AG,
por J. Antonio García, que ensayó entre los años 1813 y 1822. Muchas de ellas
están más o menos descentradas, y hay variedades de bustos, si bien desde 1816
los grabados de ambas caras fueron excelentes.
Esta variedad de diseños en los años 1821 y
1822 se deben a que el director de la ceca entre 1817 y 1827, Dionisio Sancho,
continuó labrando moneda con el busto y a nombre de Fernando VII hasta el año
1825, alegando la urgente necesidad de numerario y que las matrices y troqueles
que le habían remitido con los sellos de la nueva república eran muy
defectuosos, por lo que batir moneda con los mismos sería un desprestigio para
la afamada Casa de Moneda de Zacatecas.
El
desplome de las labores de la ceca de México y las nuevas Casas de Moneda
Según Fausto de Elhuyar, la producción
minera había colapsado con los movimientos insurreccionales que habían llevado
al exterminio o ausentamiento de los vecinos más acomodados, al saqueo de los metales
en pasta, al colapso de las vías de comunicación y al desmantelamiento de las
instalaciones industriales y productivas. La contracción de la producción
argéntea en el virreinato desde las revueltas del año 1810, así como la
autorización para la apertura de otras casas de moneda provisionales, llevaron
al desplome de la amonedación en la ceca capitalina, otrora la más rica y
productiva de todos los Reinos de las Indias españolas. Ante la falta de envíos
de metales preciosos desde las áreas mineras tradicionales, los ingresos de
metales de particulares se elevaron, en forma de oro y plata en piezas y en
vajillas. Pero fueron la independencia y la reorganización administrativa
posterior la que produjo efectos más devastadores sobre la Casa de Moneda de México
que la propia guerra.
El conflicto llevó a que se autorizase la
acuñación de moneda de plata en otros lugares cercanos a los Reales de Minas,
llegando a aparecer seis nuevas casas de moneda oficiales en el virreinato, las
de Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Sombrerete y Zacatecas. Además de en estas nuevas cecas,
tanto los realistas como los insurgentes acuñaron moneda de plata de muy
diversa calidad, ley, arte y peso, y apareció en la circulación la moneda de
cobre puro. Fue común que se tuviese que comprobar y resellar la moneda en
circulación para asegurar su circulación. En la época que estudiamos, entre
1821 y 1823, Agustín de Iturbide acuñó moneda en pesos con solamente 0,902
milésimos de fino, 40 mm de diámetro y peso de 26,95 gramos de peso.
Este grave problema monetario se agravó más
tras la independencia, dado que la Constitución Federal de 1824 permitió que
cada estado que tuviese ya Casa de Moneda podría seguir acuñándola. Con ello se
terminó con el monopolio tricentenario de la ceca de México, pero también
supuso que el señoreaje dejase de ser una fuente de ingresos para el gobierno.
Si entre 1811 y 1821 las seis casas de moneda citadas acuñaron una cuarta parte
de toda la moneda batida en el país, entre 1822 y 1824 supuso más de la mitad. La
cantidad de plata acuñada no dejó de disminuir, y se recurrió a la labra por
parte de los estados con fines recaudatorios y a la manipulación de su fineza.
Igualmente, el recuerdo de la destacada
importancia financiera de la Nueva España dentro de la Monarquía Hispánica
impidió a la clase política darse cuenta del estado real de la Hacienda
Pública, con las arcas casi vacías. Estimando que se trataba de una situación
coyuntural, y que revertiría en breve gracias a la riqueza natural del país,
incluso se suprimieron varios impuestos y se rebajaron tasas. Al darse cuenta
de tan craso error, se intentó recurrir a los préstamos y empréstitos
voluntarios de ciudadanos y corporaciones, lo que fue un rotundo fracaso. Hay
autores, como Jesús Hernández, que afirman que una de las razones que indujeron
a Iturbide a renunciar fue la escasez de dinero y la incapacidad de su gobierno
para recaudarlo
Para hacer frente a los aprietos
financieros, se gravó a los residentes de la Ciudad de México, pero poco o nada
se consiguió del resto del país, dado que, como sucedió en buena parte de las
nuevas naciones surgidas de la implosión de la Monarquía Hispánica, los grupos
de interés y los gobiernos provinciales se arrogaron una amplia autonomía, una
situación que se mantuvo en México hasta bien entrado el siglo XX.
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